Si bien es una ley sobre «servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas», para la mayoría de la gente el proyecto que estudia el Poder Legislativo de Uruguay desde marzo, es la «ley Uber». Así de reactiva suena esta ley, que parece reaccionar ante un fenómeno tecnológico que parece avasallante, en lugar de promover un enfoque integral sobre la economía colaborativa (que es mucho más que tecnología).

En este post, comparto los comentarios que expuse el 15 de agosto pasado en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cámara de diputados. También dejo un enlace a la versión taquigráfica y la ficha completa del proyecto para acceder al resto de las exposiciones.

También quiero compartir especialmente, las lecturas en las que me basé:

“Declaración procomuns y propuestas de políticas para la economía colaborativa procomún”. De Barcelona Colaborativa: Grupo de trabajo de economía colaborativa y producción procomún en Barcelona, que generó este documento en marzo de 2016, en un encuentro de más de 400 personas.

“Políticas para ciudades colaborativas. Un resumen de economía colaborativa para responsables de políticas urbanas”. Este documento es una colaboración entre dos organizaciones sin fines de lucro: Shareable y el Centro Jurídico de Economías Sostenibles (Sustainable Economies Law Center), de EEUU.