La producción de conocimiento y cultura en América Latina es en gran medida financiada con fondos públicos. Es decir, con los impuestos que aporta la población en su conjunto a los distintos sectores del conocimiento. Por otro lado, la población tiene dificultades de acceso que se compensan por medios no formales, como las fotocopias o las descargas, consideradas ilegales. Un nuevo equilibrio puede alcanzarse si las obras que se producen con fondos públicos estuvieran libremente disponibles para la población a través de portales y repositorios públicos que facilitaran el acceso.
Es cada vez más evidente que no se puede separar la cuestión del financiamiento público para la producción de conocimiento, de la cuestión de la puesta a disposición pública de dicho conocimiento. Los Estados financian gran parte de la investigación científica (en América Latina, dos tercios de la inversión en investigación y desarrollo son financiados por recursos estatales, según el Informe de la UNESCO sobre la Ciencia 2010), a la vez que ofrecen fondos públicos para la creación de libros de texto, obras musicales, escénicas, plásticas, fílmicas y literarias. Las herramientas suelen ser becas, premios, salarios y subsidios, entre otros instrumentos de financiamiento público.
Con estas herramientas los Estados buscan diversos fines: desde incentivar el talento a construir identidad nacional, desde resolver problemas productivos y sociales hasta promover el nacimiento de una industria cultural local, desde favorecer la diversidad de expresiones culturales hasta subsidiar disciplinas con poco mercado.
Las más de las veces la financiación pública del conocimiento ha tenido un enfoque sectorial o disciplinar, considerando oportuno o estratégico apoyar a tal o cual área del conocimiento. Se financia el trabajo o la actividad de sus instituciones o agentes, de manera que los fondos son formas de dar continuidad a los objetivos y quehaceres de cada sector. De esta manera, finalizada la actividad que ha sido financiada, terminados los informes, enviados los artículos y presentados los libros, muchas veces se olvida cómo distribuir y comunicar esos resultados más allá de las fronteras institucionales o sectoriales.
Los fondos aplicados se consideran exitosos si se prueban eficientes: si se logra cumplir los objetivos con el dinero aportado. A la administración pública le resultaría suficiente demostrar que se seleccionó a los mejores mediante procesos competitivos transparentes, que se obtuvieron los resultados previamente acordados y que los fondos fueron utilizados según lo planificado, pudiéndose rendir cuenta de los gastos.
La producción de obras culturales, científicas y educativas resultantes quedan registradas o archivadas en algún lugar, no necesariamente accesible al público en general. A veces quedan accesibles únicamente a través de la adquisición en el mercado, como en el caso de muchos libros de texto.
Pero el público en definitiva es el que pagó la producción de conocimiento a través de los impuestos que hacen posible ese gasto público. Y sin embargo, en los países latinoamericanos, encontramos importantes dificultades para el acceso al conocimiento y la cultura. En un contexto de bajos ingresos de la población y altos precios de los bienes y servicios culturales, es habitual que la gente acceda a través de canales informales (Karaganis, 2011). La descarga o compra en el mercado informal de música, películas, software y videojuegos, el fotocopiado de libros de estudio, las copias y descargas digitales, son moneda corriente en nuestros países. Es clara la dificultad de la mayoría de los hogares para costear, con un presupuesto familiar reducido, las necesidades de consumo cultural y de material educativo. Esto fue demostrado, por ejemplo, en un estudio sobre percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto por parte de estudiantes de universidades de América Latina, donde más del 40% de los estudiantes afirmó que no pueden acceder a textos obligatorios de sus carreraras (Rodés et al, 2012). En otro estudio llevado adelante en San Pablo, Brasil (Craveiro et al, 2008), resultó que para el 90% de los estudiantes consultados en la investigación, los costos anuales de la compra de libros eran cercanos, o incluso superaban, a la renta familiar anual. Adicionalmente, esa investigación pone en evidencia que la producción de libros de texto, incluyendo la elaboración de contenidos (vía sueldos y becas a docentes e investigadores de las propias universidades) y la edición (en editoriales asociadas muchas veces a las universidades), es financiada mayormente por fondos públicos, siendo la inversión pública al menos nueve veces mayor que la privada.
Tenemos, por un lado, producción de conocimiento ya pagada por el Estado. Tenemos, del otro lado, necesidades sociales de acceso y uso de conocimiento no satisfechas. En el medio, hay leyes de propiedad intelectual que dificultan ese acceso, pero tecnologías de copiado que lo facilitan mediante la distribución informal.
En este escenario, muchos Estados optan por reprimir el uso de dichas tecnologías aplicando, aunque sea débilmente, las leyes de propiedad intelectual. Pareciera que a veces no se comprende que el propio Estado tiene a su alcance una solución que brinda un nuevo equilibrio: la liberación de obras financiadas con fondos públicos.
Esta liberación implica que las obras estén disponibles digitalmente en Internet sin restricciones para que puedan ser consultadas y descargadas por cualquier persona. Ya existen en muchos países repositorios digitales de instituciones públicas que proveen acceso, especialmente a recursos educativos y artículos científicos. Países como Argentina, Brasil, Perú y México ya cuentan con leyes para garantizar el acceso abierto a la producción científica nacional, con el requisito de depositar artículos, tesis y libros en repositorios disponibles al público. No obstante, el grado de aplicación de estas leyes de acceso abierto es muy diverso.
Sería deseable que este tipo de mecanismos se aplicara no solo a obras científicas sino también a otros tipos de obras culturales. Asimismo, las legislaciones y políticas podrían contemplar no solo la puesta a disposición de las obras, sino además que estas se publiquen con alguna licencia de derecho de autor que permita el uso con cualquier propósito y la reutilización para hacer obras nuevas. Si bien a veces las instituciones públicas deciden no permitir los posibles usos comerciales de las obras o la realización de nuevas obras derivadas de ellas, es recomendable considerar estas posibilidades con el fin de promover ecosistemas de creación e innovación más democráticos. Así se facilita la máxima difusión del conocimiento, se garantiza que las obras se puedan compartir en los portales y repositorios de cultura libre más importantes, y se puede impedir que el conocimiento se privatice utilizando cláusulas que prohíban que las obras derivadas creen nuevas restricciones.
Los fondos públicos para la producción de obras educativas, científicas y culturales deben prever en sus bases las condiciones para liberar las obras. En tanto que el financiamiento público para el acceso al conocimiento destinado, por ejemplo, a bibliotecas digitales, debería priorizar los modelos abiertos en lugar de la adquisición de licencias privativas. Cuando el Estado compra o destina dinero para distribuir cultura a la población, debería orientarse a publicaciones que puedan ser copiadas sin restricciones, y que también puedan ser reeditadas, mejoradas y nuevamente distribuidas por los más diversos medios. De lo contrario, el acceso al conocimiento que se costea con gasto público se parece a un puñado de arena que se escurre en las manos. Después de un tiempo nos quedamos con las manos vacías y hay que volver a llenar el hueco con más gasto público, pagando una y otra vez por el acceso a las mismas obras.
(Post publicado en revista Pillku #15).
Bibliografía
Araya, Daniel (2014). Capacidades humanas: Ciencia abierta. Flok Society (https://floksociety.co-ment.com/text/Ge3RhtNxB46/view/). Consultado: 19 de noviembre, 2014.
Banco Interamericano de Desarrollo (2010). Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe. Un compendio estadístico de indicadores (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=%2035691608). Consultado: 19 de noviembre, 2014.
Craveiro da Silva, Gisele; Machado, Jorge; Ortellado, Pablo (2008). O mercado de livros técnicos e científicos no Brasil: subsídio público e acesso ao conhecimento. Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, Universidade de São Paulo.
Karaganis, Joe (2011). Media Piracy in Emerging Economies. SSRC books.
Rodés, V.; Pérez Casas, A.; Ochoa, X. y Frango, I. (2012). Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto, digitales y en formatos abiertos por parte de estudiantes de universidades de América Latina.
(http://latinproject.org/pdfs/need_analysis/1893-3020-1-SM.pdf) Consultado el 19 de noviembre de 2014.
UNESCO (2010). Informe de la UNESCO sobre la Ciencia, 2010. (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883s.pdf). Consultado: 19 de noviembre, 2014.
